Señor presidente: el gobierno envía el presupuesto para el año 2010 en un contexto económico y social totalmente distinto al de los últimos años. Hemos pasado los seis últimos años con un crecimiento de la economía a tasas superiores al 8 por ciento y este año 2009 terminaremos en una caída que, dependiendo de las estimaciones, ya sean las más optimistas o las más pesimistas —dado que no hay cifras oficiales creíbles después de todos los sucesos del INDEC—, rondará entre el 1,5 y 2,5 por ciento negativos. Es decir, de 8 puntos positivos pasamos a un promedio de dos puntos negativos, lo cual significa una caída real de 10 puntos del producto bruto interno.

Esta caída tiene consecuencias tangibles en las cuentas públicas, en la caída de los ingresos y en el adelgazamiento del superávit fiscal, que ha sido la principal fortaleza del modelo en todos estos años. La fuga de capitales ha disminuido en el último mes, pero en la crisis llegó a estar en 2000 millones de dólares mensuales. Y un superávit comercial, que si bien es verdad que sigue en términos positivos, esto se da porque la fuerte disminución de las importaciones evitó las consecuencias de lo que ha sido una caída de las exportaciones en la República Argentina. Esto es lo que evitó las consecuencias de una corrida bancaria, que no se produce, como dijo el jefe de Gabinete durante su último informe en este recinto, por la posibilidad de un impuesto a la renta financiera, sino como consecuencia de estas cuestiones objetivas de la economía.

Entonces, estamos en otro país y estamos en otro mundo, porque en octubre del año pasado estalló la burbuja financiera en los Estados Unidos de América, y el mundo entró en una profunda crisis, frente a la cual recién ahora vemos algunos signos de reactivación. Esta fenomenal crisis hizo que terminara ese viento de cola que supimos tener durante muchos años y que recién ahora empieza a reacomodarse con algunos precios de los commodities que empiezan a tirar nuevamente para arriba y que dan algunas perspectivas distintas.

No es verdad que estábamos blindados ante la crisis, como decía el gobierno nacional. No es verdad que la crisis no impactaba en la Argentina, como se dijo. Tuvimos una caída de las importaciones del 25 por ciento, una caída de las exportaciones del 16,4 por ciento y esto explica lo que decía antes; se mantuvo el superávit comercial porque cayeron mucho más las importaciones que las exportaciones. Tuvimos una caída de la inversión del 11, 9 por ciento. En este primer trimestre de 2009, se destruyeron 100 mil puestos de trabajo en blanco. Respecto de la industria de la construcción —empleo registrado— si comparamos el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, tuvimos una caída del 13,5 por ciento. Tuvimos en el primer cuatrimestre de este año 2009, 163 mil suspensiones contra 24 mil del primer cuatrimestre de 2008. No está garantizado el cierre del ciclo lectivo ni el inicio del que viene. Hoy tuvimos millones de chicos que no tuvieron clase en distintas provincias de la República Argentina, incluido en la provincia de Santa Fe. Entonces, no es una cuestión de analizar el vaso con la mitad vacía o con la mitad llena; no es una cuestión de optimismo o de pesimismo en el análisis de un presupuesto nacional y de las condiciones económicas sociales de un país. Es un país que está en el marco de una situación mundial caracterizada por una crisis y en el que las medidas que se han tomado por parte del gobierno nacional –algunas las hemos discutido en este recinto- han sido todas aisladas e insuficientes para abordar la situación.

Por eso este dato nuevo de la realidad que tenemos en el marco de esta situación económica y social, y que son las largas colas que se producen en las oficinas de la ANSeS, que da cuenta de que el debate acerca de si la pobreza está en un 30 o en el 40 por ciento resulta insustancial. Existe una realidad muy concreta, y es que, en los últimos tiempos, la pobreza creció en la República Argentina. No tenemos estadísticas oficiales para medirla, no nos hacemos eco de operaciones de prensa, pero no vivimos en una burbuja para no entender y no comprobar que hay muchísima gente que se ha quedado sin empleo, muchísima gente que está en la pobreza y en la indigencia en la República Argentina.

Las medidas que tomó el gobierno frente a la crisis fueron los préstamos financieros para alentar el consumo con el dinero de la ANSeS; funcionaron muy poco Así se dio la moratoria impositiva y el blanqueo de capitales, la regularización del empleo, y las obras públicas que se fueron realizando mucho más lentamente que los anuncios oficiales.

Todas esas cuestiones dan cuenta también de un fenómeno en la República Argentina del cual no se ha hablado en su debida dimensión, que es la inflación. La inflación era una amenaza dos años atrás y fuimos alertando sobre ella. Hoy es una realidad totalmente palpable, es una inflación que con su escalada constituye el mayor factor de redistribución regresiva del ingreso y que se registra mayormente en el interior del país y en el rubro de transporte, de vestimenta y de alimentos. Por eso, cuando se negocian los aumentos salariales en la República Argentina, el secretario general de la Confederación General del Trabajo —que está en la misma vereda que el gobierno nacional— no negocia con los números del INDEC sino con los números de los supermercados. Sabe que los números del INDEC en este año están dando una inflación del 7 por ciento. Tenemos una inflación promedio en las provincias que es el doble de esa, tenemos una inflación que está marcada por las pautas salariales de todos los gremios donde en ningún caso se negoció por debajo del 15 por ciento, y esa es la inflación real de la República Argentina.

En materia de política fiscal, no hubo mejoras en los últimos años —a pesar de las promesas electorales— sobre la institucionalidad ni el federalismo, y se ha reforzado la concentración de los recursos públicos en detrimento claramente de las provincias, como se ha dicho durante todo el día de hoy del tratamiento de este presupuesto. No se puede tapar el Sol con las manos; no es un problema de oficialismo y de oposición. Estamos en el Senado de la Nación y aquí se hace más patente que en ningún lado la situación que padecen las provincias argentinas.

¿Qué proyecto de presupuesto tenemos a nuestra consideración? Tenemos los mismos rasgos de los últimos seis presupuestos nacionales. En primer lugar —como decía recién—, una política fiscal fuertemente centralizada respecto de los recursos públicos. En segundo lugar, la ausencia de políticas destinadas a una mejora en la distribución del ingreso, sobre todo, en los sectores populares. En tercer lugar, una ausencia de políticas económicas que impliquen reformas estructurales con relación a los patrones económicos de los 90. Estoy hablando del sistema financiero, del sistema tributario, del sistema de los servicios públicos de la Argentina. En cuarto lugar, la formulación de un presupuesto en función de pautas que propician una administración discrecional de los recursos.

Entonces, en los aspectos centrales de la propuesta de este presupuesto nacional compartimos con el miembro informante que parece razonable y hasta prudente la estimación de un crecimiento de la economía para 2010 de 2 puntos y medio de producto bruto interno. Pero repetimos que este vuelve a ser el país de las maravillas si pensamos en una pauta inflacionaria del 8 por ciento. No hay ninguna razón lógica ni válida en función de las pautas económicas que tenemos vigentes, ni de las que tendremos el año siguiente, de que disminuya la inflación que se muestra claramente entre el 15 y el 20 por ciento.

En el tema de los recursos, se reitera lo que hemos afirmado en presupuestos anteriores. El principal sostén de los recursos de la recaudación tributaria en la Argentina es el IVA, que recauda el 28 por ciento. Y mucho más atrás, en segundo lugar, muy lejos de eso, está el Impuesto a las Ganancias. Luego, dos impuestos claramente distorsivos y transitorios como son, en tercer lugar las retenciones agropecuarias y, en cuarto lugar, el impuesto al cheque.

En cuanto al IVA, quiero incorporar una tabla que es elocuente acerca de la incidencia distributiva del IVA dentro de lo que es la recaudación, analizada por deciles. El primer decil —ustedes saben— es el de quienes tienen ingresos de hasta 500 pesos, y el decil octavo, hasta 3.000 pesos. Ahí está el 85 por ciento de la población. Eso aporta, como monto acumulado anual y como porcentaje, más del 56 por ciento de la recaudación del IVA. Es decir, claramente el IVA lo sostienen los sectores populares porque, cuando se compra y se paga un paquete de yerba o un paquete de arroz, de cada 100 pesos que gastan los sectores populares, 21 pesos es recaudación del Estado nacional. Por eso claramente es un impuesto regresivo.

En 2008, los hogares con hasta 3.000 pesos de ingreso total pagaron 45.249 millones de pesos por IVA, y 26.083 millones de pesos por contribuciones a la seguridad social. Estos son los números que expresan claramente las recaudaciones en la República Argentina. Y si el sistema tributario en sí es regresivo desde el punto de vista de los que más tienen hacia los que menos tienen, también es regresivo desde el punto de vista de la distribución entre la Nación y las provincias.

El actual presupuesto, que se nos pone a consideración, determina que la administración nacional va a tener 250.317 millones de pesos, y las provincias, 82.938 millones de pesos. Esto implica que las provincias obtienen el 23,44 por ciento del presupuesto nacional, violando clara y sistemáticamente el artículo 7 de la ley de coparticipación federal. No es casual, entonces, que estemos en juicio contra la Nación.

Santa Fe ha hecho tres presentaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las han hecho también San Luis, Chubut y Córdoba. Hemos visto la audiencia de conciliación entre Córdoba y la Nación. Y tenemos totalmente claro que aquí se trata de una exacción de dinero de la Nación a las provincias. No sé qué palabra usar, pero cuando alguien toma una cosa que no es suya, normalmente se dice que está robando. Y, acá, la Nación está tomando cosas que no son suyas.

Quiero incorporar además otra tabla, señor presidente, que muestra la totalidad de los recursos tributarios y el total coparticipado a las provincias entre 2004 y 2009. Y tiene la cuenta de cuánto nos han quitado con relación a lo que tendríamos que haber recibido si se hubiera respetado el piso del 34 por ciento.

En 2004, la efectiva participación de las provincias fue del 23,55 por ciento. Nos quitaron 10.272 millones de pesos. En 2005, las provincias coparticiparon efectivamente el 23,59 por ciento. Nos quitaron 12.417 millones de pesos. Y así, en 2006, 2007 y 2008, llegando a 2009, cuando hacemos el cálculo —de enero a octubre— de que las provincias estamos coparticipando efectivamente el 24,60 por ciento, con lo cual llegaremos a fin de año y nos habrán sacado 23.468 millones de pesos. ¿Saben cuánto suma, desde 2004 a 2009? Suman 100 mil millones de pesos.

Si se hubiera cumplido efectivamente —y no estoy hablando de una nueva ley de coparticipación federal— la ley vigente, que fija una cláusula totalmente taxativa y clara en cuanto a la reafirmación de un piso de recursos de las provincias, que es ese 34 por ciento, tendríamos que haber recibido esas sumas. Por eso estamos en juicio, por eso estamos reclamando lo que nos corresponde y estamos diciendo que éste es un camino totalmente negativo.

Pero otro de los aspectos relevantes del gasto, que no podemos dejar de mencionar, es que si tomamos en cuenta el crecimiento real y la inflación, el gasto público con relación al producto bruto interno no es lo que dicen algunas publicaciones oficiales tendenciosas. No ha crecido mucho en la República Argentina. Pero si analizamos este gasto público, claro que se destacan algunas cuestiones que han subido de manera importante, fundamentalmente los “servicios económicos”. Y ¿saben cuáles son los que más han subido? Son la energía y el transporte, que han subido casi 10 puntos. Son los subsidios para tarifas residenciales bajas, para todos los usuarios sin ningún tipo de diferenciación. Todos estos años, señor presidente, el gobierno ha subsidiado a los ricos en la República Argentina.

Están llegando estas boletas de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, ésta del barrio de Congreso, a quince cuadras de aquí, de la empresa Edesur, es de 11,39 pesos. Ahora le agregaron una leyenda que dice: “consumo con subsidio del Estado nacional”. Abajo tiene cosas más interesantes. Dice que si usted hubiera sido de Córdoba, de la EPEC, pagaría tanto más. Y dice que, si fuera de Santa Fe —a los porteños, les dicen esto—, usted pagaría tanto más. Después, se refiere al Brasil, Uruguay y Chile. O sea, nos están diciendo claramente —incorporo esto, también, al debate— lo que ha sido la naturaleza de los subsidios en la República Argentina.

Se ha subsidiado a los más ricos en la ciudad de Buenos Aires —a los del centro de la ciudad— en desmedro del país federal y del interior del país, porque esos subsidios los pagamos todos. Por ello, claramente, ponemos énfasis en la tarifa social, pues no hay que subsidiar a las empresas, sino la demanda, o sea, a los necesitados, a los sectores populares que requieren de una tarifa social.

Se sabe que cuando se subsidia a las empresas, en realidad, se trata de subsidios cruzados destinados a los sectores ricos. ¿Por qué se procede de esa manera? Porque es la forma de hacer caja, de decirles a las empresas "no suban las tarifas, yo las compenso con subsidios". Entonces, se negocia el subsidio con la empresa entre cuatro paredes. Por ello, no es casual que el secretario del Transporte —de quien ya no se habla y tuvo que renunciar— tenga 28 causas judiciales. Por lo tanto, es un sistema oscuro, que no tiene transparencia.

Un sistema transparente sería contar con un marco regulatorio de los servicios públicos, en virtud del cual se realicen audiencias públicas cuando deban aumentarse las tarifas; y exista un ente regulador que sea el que controle que se trate de tarifas justas y razonables y obligue a que las empresas realicen inversiones garantizadas, cosa que actualmente no sucede. Por ese motivo, algunas empresas siguen teniendo altas tasas de rentabilidad, mientras que otras quiebran, como la concesionaria de una de las autopistas cuya licitación se prorrogó por otros ocho meses en contra de las leyes.

Ese es otro de los aspectos relevantes del gasto que hay que cambiar en la Argentina. Y no se modifican con un tarifazo del día a la noche. En ese sentido, hay que tener en cuenta los problemas que trajo el último tarifazo de las boletas de gas. Tiene que darse una discusión de fondo. Hay que terminar con esos subsidios; concretar la tarifa social; y los que tienen —y pueden— que paguen la tarifa correspondiente de acuerdo con lo que consuman, no como ha sido durante todos estos años, en los que hubo una total iniquidad.

El otro aspecto que quiero resaltar —lo cual hicimos durante la consideración de los últimos seis presupuestos— es la creciente discrecionalidad, que se produjo por diversas vías y se fue profundizando claramente en los últimos años con la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y con la ley de administración financiera a través de su famoso artículo 37. Al respecto, hemos denunciado que el jefe de Gabinete no puede reasignar partidas de la forma en que lo está haciendo, o sea, pasando gastos de capital a gastos corrientes, o como los ejemplos que hemos dado, en que dinero para construir viviendas se destina a subsidios para el transporte aéreo. En consecuencia, los artículos que se mencionaron anteriormente —el 9, 17, 44, 56 y 61—, nuevamente, en este presupuesto, mantienen y profundizan una discrecionalidad en el manejo de las cuentas públicas.

Asimismo, hay que tener en cuenta los fondos fiduciarios, que tampoco son la manera de manejarse. Esos 16 fondos tienen un flujo anual de ingreso superior a los 12 mil millones de pesos —casi el presupuesto de mi provincia—, cifra que se maneja de una manera totalmente discrecional. Y también está la ley de cargos específicos —aprobada en 2006—, que apareció con fallos en contra luego de la emisión de las últimas boletas de gas Para demostrar que no estoy exagerando, iré a los números concretos. Hoy, es razonable la pauta estimada de crecimiento; pero nunca lo fue en todos los años anteriores, cuando se estimaba pautas de crecimientos menores para tener recaudaciones mayores. De esa forma, al final de cada año tenían que aprobarse decretos de necesidad y urgencia para incorporar esos recursos extraordinarios. Al respecto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó un solo decreto de necesidad y urgencia, pero por 37 mil millones de pesos, a efectos de ampliar el presupuesto.

La recaudación estimada en el presupuesto de 2004 era de 79.416 millones de pesos, y la efectiva fue de 98.284 millones, es decir, 23,76 puntos mayor que la estimada. Así fue en 2005 y en 2006. En 2007, la recaudación efectiva fue de casi un 20 por ciento más que la estimada; y en 2008, la recaudación estimada fue de 233.502 millones de pesos, y la efectiva de 282.783 millones, es decir, un 21,10 por ciento mayor. Y todos sabemos que esos fondos adicionales se manejaron de manera discrecional.

Ahora estamos ante otra realidad, porque la solidez fiscal es un hecho del pasado. Estamos con la "frazada corta" en la Nación, y con ajustes en las provincias. Si miramos lo que sucede en la Nación, advertiremos que se financia a través de la ANSES, del Banco Nación y del Banco Central, y que las provincias sufren un ahogo financiero creciente. Por ese motivo, en cuanto a los artículos 73 y 74, no somos tan optimistas de decir que son cláusulas de resguardo; no creemos eso. Los artículos 73 y 74 son la crónica de una muerte anunciada, porque sabemos que la direccionalidad de las finanzas de la Nación y de las provincias determina que los déficits presupuestarios de estas últimas son inevitables y crecientes.

Aportaré otros datos, vinculados con el resultado financiero consolidado y total de las provincias, que muestran esta tendencia clara. En 2003, las provincias tenían un superávit de 1.629 millones de pesos. En 2004, tuvieron un superávit de 4.840 millones de pesos. En 2005, empieza el punto de inflexión y baja el superávit a 2.104 millones de pesos. En 2006, es de 524 millones, y en 2007 ya empieza el déficit: 736 millones de pesos, en promedio. ¿Por qué? Porque 11 provincias entraron en déficit, y la mayor provincia argentina —la de

Buenos Aires— tuvo 1.306 millones de pesos de déficit.

Por lo tanto, esta situación se va a agravar, y por ello creemos que esta inequidad entre la Nación y las provincias demuestra que a estas últimas les muestran la zanahoria, y les dicen que si se portan bien les llegarán algunas obras. En ese sentido, daré un ejemplo concreto del presupuesto 2010: las obras para la provincia de Santa Fe. Se trata de 30 obras, todas necesarias e imprescindibles para mi provincia. En el detalle que tengo en mi poder, figura el presupuesto, el monto total de obra y el porcentaje de ejecución. ¿Qué dicen los totales de los tres casilleros? Que el presupuesto de las 30 obras es de 3.096 millones de pesos, que es el monto total que costaría construir las 30 obras. ¿Saben cuánto está en el presupuesto 2010? Figuran 128 millones; o sea, el 4 por ciento de las 30 obras. Porque enseguida dicen “no, pero esto está acá y después están los fondos fiduciarios”. Claro: si te portás bien, podés pasar del 4 por ciento al 15 o al 20 por ciento. Si no, ni siquiera te ejecutan el 4 por ciento.

Entonces, esta realidad denota —y termino con una reflexión final y una breve referencia al tema de la deuda pública, que no voy a tener tiempo de desarrollar, pero me parece importante manifestarlo— que pareciera que no ha cambiado nada en la Argentina. ¿De qué se trata esta primavera de tantos amores con el Fondo Monetario Internacional, los viajes del ministro de Economía, fotos y más fotos? Porque acá, el mensaje había sido que el problema de la deuda externa se había terminado. Al igual que cuando tuvimos el Plan Brady y se dijo que el problema de la deuda se había terminado. Se sostuvo que nos olvidaríamos para siempre del Fondo Monetario Internacional, pagándole los 10 mil millones. Pero nosotros vemos que no pasó ni una cosa ni la otra. Estamos ante un problema serio con la deuda porque tenemos crecientes problemas para satisfacer el pago de los intereses y del capital y donde no es casual que se abran cuestiones como las reservas del Banco Central o del Banco de la Nación para poder satisfacer estos pagos y que tengamos que discutir la ley cerrojo, que parecía que se cerraba para siempre y que ahora hay que empezar a discutir de nuevo.

Por eso es preocupante la fuga de capitales y el deterioro de la situación fiscal, y ahora aparece como un dato preocupante que el “vivamos con lo nuestro” es muy relativo en esta realidad de la globalización y la falta de acceso a los mercados internacionales de capitales, que nos deja en una situación de mayor fragilidad.

Por todas estas razones, señor presidente, necesitamos una nueva política económica en la República Argentina. Necesitamos entre todos tener la mayor creatividad, realizar el mayor análisis realista para entender que este modelo que funcionó virtuosamente en el crecimiento de la economía a tasas del 8, 9 y 10 por ciento está agotado. Porque los superávit gemelos ya no son tales; porque el superávit fiscal claramente no es tal; porque el comercial solamente se da por la reducción de las importaciones en la Argentina; porque el dólar alto ya no es tan alto; porque la inflación le comió la rentabilidad a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, del interior del país, y porque estamos esperando que nuevamente las retenciones nos salven la ropa. Es decir, que el campo siga siendo el que sostiene a la economía nacional.

Entonces, necesitamos una reformulación para que crezca el desarrollo industrial en el país, las pequeñas y medianas empresas. Por ello, necesitamos una reformulación del sistema financiero para que existan préstamos con tasas de interés accesibles y no lo vamos a tener si no reformamos la ley de entidades financieras que tenemos desde los 90. Y tampoco vamos a realizar un combate contra la pobreza si no establecemos un impuesto a la renta financiera y al juego, que en la actualidad es la actividad más lucrativa en la República Argentina. Las mayores inversiones en los últimos tres años se dan en el juego.

Hay una realidad que marca que debemos reformular un nuevo acuerdo fiscal entre las provincias y la Nación. Por eso, para que podamos sacar a los jubilados de los 800 pesos que hoy están cobrando y, por lo menos, llevarlos al 82 por ciento de la mínima que cobran los trabajadores en actividad; para poder establecer una tarifa social; para poder establecer, junto con este anuncio positivo de un ingreso para los chicos de los trabajadores en negro, lo que debe extenderse hacia un ingreso universal a la niñez: esta es la única manera de empezar a caminar hacia un país distinto y que no tengamos un 2010 con una conflictividad social que no va a ser producto de ningún ánimo desestabilizador de sectores políticos o sociales, sino de reclamos justos de sectores populares en la Argentina que quieren defender una vida digna.

Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto negativo al presupuesto nacional 2010.