INTERVENCION DEL SENADOR RUBEN GIUSTINIANI EN EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE DEMOCRATIZACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD ELECTORAL (REFORMA POLITICA) – Sesión del 2 de noviembre de 2009
Señor presidente: una reforma política que es votada por un solo sector político es una reforma que nace muerta. Al igual que en la Cámara de Diputados, aquí en el Senado de la Nación, una mayoría circunstancial es la que va a permitir que esta ley sea hoy sancionada.
Desde mi punto de vista, es claro que no debería avanzarse en la modificación de tres leyes centrales como son el Código Nacional Electoral, la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Me pregunto, señor presidente, en un recinto donde hay dirigentes de una larga trayectoria política, autoridades partidarias provinciales, presidentes de partidos nacionales —como el caso de la Unión Cívica Radical o en mi caso del Partido Socialista—, cómo una reforma a los partidos políticos se va a sacar sin el consenso de los partidos políticos. Es una pregunta casi elemental.
Esto nos lleva a que el sentido común nos indique que la actual reforma política está diseñada para favorecer las chances del candidato del gobierno para las próximas elecciones presidenciales de 2011. Este es el objetivo concreto. Sería muy tonto pensar otra cosa. A medida que uno recorre los artículos de la norma, se encuentra cada vez más con la comprobación palmaria de lo que digo. Porque, de otra manera, preguntaríamos a modo inverso: ¿sacaría el oficialismo una ley sin ningún tipo de consenso que lo perjudique en sus chances electorales para el 2011?
Entonces, estamos ante una realidad donde ninguna reforma política es neutra. La historia del país lo demuestra. Es decir, beneficia a unos y perjudica a otros. En consecuencia, ¿a quién beneficia y a quién perjudica la actual reforma? Es ilustrativo analizar previamente algunas de las reformas políticas que se hicieron en nuestro país.
La Ley Sáenz Peña, claramente, iba a beneficiar a la Unión Cívica Radical. El sufragio universal, secreto y obligatorio era claro que tenía un objetivo central, que era terminar con el fraude patriótico, con la política criolla, con el “ya votó”. Son muy ilustrativas y muy frescas las crónicas que Roberto Payró escribió en Pago Chico acerca del fraude patriótico. Allí se narraba cómo se votaba en aquella época, se llevaba a la gente acarreada a votar o, directamente, se llevaban sus documentos. Así andaba la política argentina. La Ley Sáenz Peña determina la llegada del primer gobierno popular. De ahí que tuviera gran trascendencia. Tuvo un objetivo y un beneficiario. Y fue producto de las luchas que desde 1890 emprendieron la Unión Cívica y desde 1896 el Partido Socialista. Se llegó a un resultado concreto. Se enriqueció la democracia y los sectores populares se integraron a la vida política.
En 1951, era muy claro que la inclusión del voto femenino iba a beneficiar al peronismo. Era clarísimo que así iba a ser. Pero también benefició a la democracia. Integró de manera importante y revolucionaria a las mujeres al proceso político argentino. Fue un avance sustancial y muy importante; un hecho histórico por el cual lucharon durante muchísimos años Alicia Moreau de Justo y Eva Perón. Se consiguió el voto femenino y ganó las elecciones el peronismo por amplio margen. Pero, reitero, hubo un avance democrático porque se integraron las mujeres a la vida política y enriquecieron la democracia.
La reforma constitucional de 1994, nació del acuerdo del Justicialismo y de la Unión Cívica Radical, el denominado Pacto de Olivos, al que nosotros nos opusimos. Manifestamos nuestra disidencia en cuanto a hacer un tratamiento amañado del Núcleo de Coincidencias Básicas en la Convención Constituyente de Santa Fe. Aquella reforma de la Constitución también tuvo beneficiarios concretos. Por ejemplo, fue beneficiado el ex presidente Menem con su reelección; y la Unión Cívica Radical tuvo mayores beneficios en virtud de que, con el tercer senador, esta Cámara pasó a tener una integración más equilibrada. Pero fueron muy importantes las instituciones que creó esa reforma de 1994, relacionadas con la participación ciudadana, la defensa del medio ambiente, la integración de los pueblos originarios, etcétera; es decir, institutos que enriquecieron la democracia.
Asimismo, y en cuanto a la reforma política, no es casual que de las cuatro materias que establecieron aquellos constituyentes acerca de las cuales no podían dictarse decretos de necesidad y urgencia, dos de ellas fueran de naturaleza política. Se prohibió el dictado de decretos de necesidad y urgencia para modificar la ley de partidos políticos y el sistema electoral. No sólo los constituyentes prohibieron el dictado de DNU para la modificación de la ley de los partidos políticos y de las reglas del juego electoral sino que, además, establecieron que las leyes que las modificarían debían ser aprobadas mediante una mayoría especial. Esto lo hicieron en la inteligencia de que debía buscarse el consenso para modificar esas reglas de juego.
Por lo tanto, me pregunto: además de al candidato del gobierno en 2011, esta reforma electoral ¿a quién beneficia? Creo que no beneficia a nadie, y por eso nace muerta. Cuando fuimos convocados al diálogo político por la Presidenta de la Nación y por el Ministro del Interior, concurrimos de muy buena fe. Era un hecho muy importante que el gobierno, después de seis años, invitara a los partidos políticos a la Casa de Gobierno. Yo no pude concurrir por una cuestión familiar, pero mi partido asistió gustosamente porque estábamos convencidos de que era un hecho positivo que escucharan nuestras propuestas. Sin embargo, una vez, más vimos cómo se repetía el hecho negativo de que se nos informara a través de los medios de comunicación, mediante una conferencia de prensa desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En consecuencia, a esta reforma "la hicieron solos".
Creo que eso tampoco benefició al gobierno, porque esa soledad es la que se expresará en las votaciones que realizaremos hoy. Entonces, si piensan que existirá una victoria política luego de que se vote este proyecto, están leyendo mal la realidad, porque esta reforma, a pesar de ser extensa —tiene más de cien artículos— y de modificar tres leyes muy importantes, tiene muy corto alcance. El 28 de junio, el gobierno perdió las elecciones con su máximo candidato en la provincia de Buenos Aires; se habló mucho esta tarde acerca de ese tema. Al respecto, haré una simple reflexión. Adelantaron las elecciones, pusieron a su máximo candidato, la lista fue el "Resto del Mundo" —porque pusieron todo: al gobernador, al vicegobernador, a los intendentes, a los concejales y a los diputados provinciales— y manejaron desde Olivos todo el aparato nacional y provincial para esa elección. Pero, con todo respeto, perdieron contra una propaganda de televisión. Es decir que con todo ese andamiaje, no pudieron parar el voto de descontento que se expresó el 28 de junio.
Por ese motivo, me parece que se sigue insistiendo en el error —tal como plantean algunos analistas—, pues esta reforma se les puede volver en contra por una sencilla razón: cuando vienen determinados vientos, la manera de cambiar los humores es cambiando las causas que generan esos humores y vientos —en este caso, las acciones de gobierno—, y no las herramientas ni las consecuencias de esos humores. Porque a pesar de las triquiñuelas de la política criolla, la historia reciente demuestra que cuando se genera esa gran ola, es indetenible. Fue Alfonsín en 1983; fue Menem dos veces —en la elección interna y en la abierta de 1989—; fue De la Rúa en 1999; y contundentemente hubiera sido Néstor Kirchner si hubiese habido segunda vuelta en 2003.
Por lo tanto, aunque se tenga el "referí a favor", concentrar todas las facultades en el Ministerio del Interior en cuanto al manejo del proceso electoral —es decir, siendo juez y parte— es contrario a todas las tendencias actuales. Claramente, desde ese punto de vista, la reforma es anacrónica.
Además, la reforma tiene características proscriptivas, porque atrasa respecto de lo que actualmente reclama la sociedad. No comparto la valoración que se hace de "partidos grandes" y "partidos chicos". Considero que, levantando las exigencias, tanto en cuanto a la cantidad de afiliados como al piso para las internas abiertas, se obtura la posibilidad de nuevas fuerzas políticas y no de las fuerzas chicas. En mi caso, el Partido Socialista es una de las pocas fuerzas que quedaría en pie de acuerdo con las nuevas exigencias; no tenemos el inconveniente de quedar afuera. Pero, por ejemplo, con esta reforma, Pino Solanas no podría presentarse como candidato a presidente en 2011.
Claramente, el proyecto establece impedimentos que no condicen con la necesidad de nuevas alternativas por parte de la sociedad. Porque en cuanto a esta crisis de representatividad y de legitimidad de la dirigencia política, cuyo pico respecto de la ampliación de la brecha entre la sociedad y el sistema político fue alcanzado en 2001, debemos preguntarnos —en virtud de que se mantiene— cómo sumamos gente a la participación, no cómo enamoramos de la política a la gente —como sucedió en otros momentos—, pero sí interesándola en la política y en las acciones de gobierno, interesándola en la cosa pública y en la cosa política que, en definitiva, son sus cosas. Digo esto porque, quizás, lo que muchas veces demostramos ante la sociedad es que sólo discutimos poder y eso aleja a la sociedad de la política.
Esto no es nuevo. Algunos toman a Maquiavelo y lo aplican a la realidad actual. La diferencia es que "el príncipe" desarrollaba su acción política a principios del siglo XVI, cuando la sociedad no participaba. Pero hoy tenemos una democracia en la que son permanentes las demandas de participación de la sociedad. Entonces, desde la dirigencia política tenemos que analizar cómo reconstruimos con una reforma política la necesidad de esa participación.
Yo tengo la sensación de que, a veces, nos transformamos en una clase política; incluso, algunos periodistas lo plantean así y algunos dirigentes políticos lo asumen de esa manera; o sea, como que somos una clase política. Y asumirse como clase política es un gravísimo error, porque esta definición como clase política abona a privilegio y a distancia con la sociedad. Clase política fue el concepto que desarrollaron los clásicos de la ciencia política a fines del siglo XIX; por ejemplo, Gaetano Mosca en su obra “Elementos de ciencia política”. Él desarrollaba allí el concepto de clase política, porque era una élite la que atendía la cosa pública. Y el pueblo miraba y no participaba. Ahora bien, entre los ejemplos que citábamos de nuestro país –no de otros lugares del mundo-, cuando el pueblo asumió su rol y su participación se enriqueció la democracia y se dieron respuestas sociales. O sea que fue una democracia política y social por la participación de la ciudadanía.
Este proyecto de ley no cumple con esos objetivos porque es anacrónico y proscriptivo y porque, además, carece de un anclaje en la historia y en la realidad. Nosotros podríamos hacer derecho comparado y traer ejemplos de Alemania, Francia, México o Chile, y en todos vamos a encontrar cosas a favor para los fundamentos que estamos dando. Lo que nos tenemos que preguntar es si esta reforma da respuesta a la mejora en la realidad política argentina.
Hay un hecho muy concreto que nadie puede negar; ni siquiera el oficialismo. Uno de los graves problemas de la última elección presidencial fue la denuncia del robo de boletas. Nadie dudó en aquella madrugada, y los que fuimos candidatos así lo hicimos, en felicitar a quien triunfó en esa elección: la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo fui candidato a vicepresidente y la lista que compartí con Elisa Carrió salió segunda en esa elección, con el 23 por ciento de los votos. Durante toda esa jornada, especialmente por la tarde, se dio ese hecho que fue innegable, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Pues bien, el robo de boletas se corrige de una manera muy sencilla, como fue explicado recién acá por los distintos senadores, con la boleta única, que es algo totalmente práctico y posible. Debemos instrumentar un sistema que no genere permanentes dudas en la legitimidad de la elección cuando los aparatos políticos se ponen en marcha el día de los comicios.
Entonces, la reforma política debe tener un anclaje en la realidad y debe dar respuesta a un problema anterior. Nuestra experiencia en Santa Fe marca eso. ¿Por qué en Santa Fe tenemos internas abiertas? Porque después de muchas elecciones con ley de lemas siempre se tuvo la percepción de que debía modificarse ese sistema que instrumentaba una especie de doble voto simultáneo, que hacía que la gente quisiera votar a uno pero terminaba aportándole el voto a otro candidato.
Además, eso generaba un festival de boletas en el cuarto oscuro. Finalmente, se modificó: el gobierno envió un proyecto y no todos estuvimos de acuerdo por completo con su texto. Nosotros no estuvimos de acuerdo en Santa Fe con que las internas abiertas sean obligatorias para los partidos y para la sociedad. No estábamos de acuerdo con eso, pero lo votamos en su totalidad con la convicción de que estábamos dejando atrás un elemento más negativo.
Pero no tenemos ahora esa misma percepción, porque si tomamos uno de los elementos que se pregona como positivo, como es el sistema de internas abiertas que propone el gobierno, al ponerse un piso de votos, en las últimas elecciones desarrolladas en la ciudad de Rosario, por ejemplo, dos fuerzas políticas nuevas, que hoy enriquecen políticamente al Concejo Deliberante, no hubieran podido participar de la elección general. Y la sociedad votó a esas dos fuerzas para que cada una de ellas ingrese un concejal al cuerpo deliberativo municipal.
En ese sentido, debo rechazar que, tal como se dijo aquí, esta reforma sea similar a la ley de internas abiertas de la provincia de Santa Fe. Por eso creo que tenemos que analizar esta propuesta pensando que no resuelve los problemas pendientes en la Argentina y teniendo en cuenta que va a quedar la percepción en la sociedad de que el oficialismo avanza sólo en esta reforma, por cuanto toda la oposición votará en contra. Seguramente, mañana cada uno seguirá sosteniendo sus propios argumentos y esto no contribuye a acercar a la sociedad hacia una mayor participación política.
Creo que José Saramago, en su libro “Ensayo sobre la lucidez”, abarca bastante la realidad de lo que pasa no sólo en la Argentina, cuando en una elección municipal de una ciudad sin nombre, en un día lluvioso, nadie concurre a votar. La novela cuenta que, entonces, el gobierno interpreta que hay una conspiración anarquista y empieza a buscar a los culpables.
Yo creo que nosotros nos tenemos que preguntar cómo hacemos para oxigenar, mejorar y generar participación y no dejar la percepción que sólo lo único que se quiere retener es poder.
Quizá comparto la idea de que no es urgente el tratamiento de una reforma política, pero sí creo que es un tema absolutamente prioritario. Y lo es porque hablamos de las reglas de juego de la democracia y, más que eso y como sostenía Norberto Bobbio, son las reglas del juego democrático. Si no hay juego democrático se termina eso que hace a la defensa de la democracia: la libre expresión de la soberanía y de la voluntad popular.
Por ello, señor presidente, adelanto mi voto negativo al presente proyecto de ley y dejo sentada aquí la disposición del Partido Socialista de discutir una reforma política que aborde en profundidad la necesidad de cambios institucionales, donde la participación popular sea el punto de partida y de llegada.